El rejuego de la SIP: ¿“libertad de expresión o dinero”?

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), nombró a Yoani Sánchez, uno de los proyectos más activos y visibles de la ciberguerra contra Cuba,  como vicepresidenta regional para atender la isla. Otra ironía, pero nada nos asombra ya de estas dos construcciones desde el poder. 

Yoani es ya famosa por sus fraudes y premios internacionales otorgados para darle aún más renombre,  pero también por la denuncia que muchos hacen dentro y fuera de la isla, de sus actividades, sus verdaderas pretensiones, su forma de actuar, objetivos y quiénes la respaldan. Y de la SIP todos los días vamos conociendo un poquito más, aunque sus antecedentes tampoco nos resultan lejanos en el tiempo y la memoria. Veamos apenas uno de ellos: su posición ante el Golpe de Estado en Honduras hace ya algunos años. 

En Julio de 2009 la televisora multiestatal Tele Sur denunció que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al parecer “se pliega a los factores golpistas” en Honduras, pues evadía una posición contundente de censura a la violación de la libertad de prensa por parte del gobierno de facto impuesto en el país centroamericano.

 “Más aún, se banaliza con profunda gravedad el riesgo a la vida que han corrido nuestros equipos de reporteros y técnicos en esta República centroamericana por la acción y amenaza de las fuerzas represivas al servicio de un gobierno desconocido por las distintas instancias y países del mundo”, expuso Tele Sur al referirse a un comunicado de la SIP del 14 de julio de ese año.

Lo cierto es que la SIP  respecto al Golpe de Estado contra el presidente Zelaya, parecía bailar en una cuerda floja y no acaba de explicar su posición. Aparentar estar entonces entre los indios y los cowboys, era una vieja estrategia que tenía sus antecedentes bien sentados, y la ponían en práctica al recurrir a conocidas patrañas del pasado.

Entre banalidades y juego sucio.

Las declaraciones oficiales y comentarios de los dirigentes de la SIP desde el propio día del Golpe de Estado en Honduras, rechazaron todo tipo de manifestación represiva contra los periodistas, reporteros y equipos de trabajo de la prensa de varios países que radicaban en ese país e intentaban dar cobertura a lo ocurrido, no importa de qué lado estuvieran.

Asimismo, llamaban en todo momento a las “nuevas autoridades” a respetar la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos del país a la información, siempre cuidándose de emitir criterios sobre la posición de la organización respecto al Golpe de Estado y la legitimidad del presidente Zelaya, entre otros temas que pudieran ponerla en tela de juicio.

La SIP publicó varios comunicados en los que condena los actos de “intimidación” contra periodistas y daban a conocer algunos de los casos de denuncias llegados hasta su sede. Refiriéndose a las acciones represivas contra los equipos trabajo de Tele Sur y Venezolana de Televisión en los días más difíciles de la represión desatada tras el Golpe,  el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esta organización, Robert Rivard, dijo que el “nuevo gobierno” debía dejar a un lado las restricciones a la actividad periodística y las actitudes intolerantes que derivaron en la salida del país de comunicadores internacionales”.

Por su parte, Enrique Santos Calderón, presidente de la SIP, expresó que “a fin de garantizar a la población su derecho a recibir plena información, el gobierno debe crear cualquier limitación a la labor de la prensa, sino que además, debe proteger y garantizar que todos los medios, sin importar criterios editoriales, puedan hacerlo en forma libre y segura”.

Lo que al parecer los directivos de la SIP y el señor Enrique Santos olvidaron  desde los primeros momentos es que existía una gran diferencia entre los términos “nuevo gobierno”, “nuevas autoridades” y lo que realmente representaba la camarilla Michelettii, esos mismos que reprimían al pueblo, a los periodistas, cerraban medios de comunicación, ametrallaban emisoras de radio comunitarias y hacían desaparecer reporteros.

La realidad: el SIP no asumía una posición radical y sí intentaba parecer neutral. El propio Enrique Santos manifestó el día 3 de julio que su organismo no solicitaría el cumplimiento de uno de sus principios – el derecho a la libertad de expresión – a los diarios La Prensa, La Tribuna y El Heraldo, pues “la SIP no es un órgano monolítico donde todos los socios tengan que tener los mismos criterios políticos”.

Si tenemos en cuenta que estos medios de prensa hondureños apoyaron a los golpistas en gran parte de sus acciones y dieron cobertura alguna a las manifestaciones populares a favor de Zelaya, la SIP demostró una vez más no querer asumir una posición frente al Golpe. Santos lo justifica afirmando que la libertad de prensa que su organización defiende parte de la pluralidad y la diversidad. “Tengo entendido que  La Prensa, La Tribuna y El Heraldo posiblemente han sido partidarios del cambio de gobierno y eso por ningún motivo significa que la SIP los vaya a censurar, a decirles qué opinar”, refiere.

Y como para no perder protagonismo ni alejarse de las campañas mediáticas del golpismo, también la SIP retomó algunos de sus viejos trucos y se prestó al juego mediático contra Zelaya, Ortega, Correa, Evo y otros dirigentes latinoamericanos - especialmente los impulsores del ALBA -, tal como lo ha hecho hasta hoy contra Chávez y contra Cuba.

No es para nada casual que en el año 2002 la SIP tampoco condenara el Golpe de Estado contra Venezuela; sin embargo, en el caso de Honduras se sumó al ataque mediático y frontal liderado por el gobierno de facto, para satanizar a los presidentes de Venezuela y Nicaragua. Por eso Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del SIP, lamentó “el tono desafiante” en que los presidentes de esos países en unión a directivos de Tele Sur reclamaron a la SIP condenar los hechos que se estaban produciendo en el país centroamericano.

“La intolerancia hacia los medios y periodistas que hemos visto en los últimos días en Honduras ha existido por mucho tiempo bajo las administraciones de Chávez y Ortega en sus propios países. Si ellos quisieran defender la libertad de expresión pueden empezar por hacerlo en sus casas”, reclamó Rivard.

Las autoridades del SIP dijeron también que desde hace años se denunciaban las agresiones contra periodistas promovidas por el gobierno de Zelaya, especialmente en “la discriminación de la pauta publicitaria, la descalificación permanente en contra de reporteros y medios de parte de las más altas autoridades, la utilización de medios públicos como órganos de propaganda y la limitación y manipulación de la información oficial”.

Asimismo, reiteraron a viva voz su condena al gobierno cubano por haber “anulado la libertad de prensa, el derecho a la libre expresión de las ideas y el acceso de sus ciudadanos a la información ajena al monopolio del Estado”, a la vez que reclaman “la liberación incondicional de los periodistas encarcelados y el reconocimiento gubernamental al ejercicio independiente de la profesión”, así como “la cancelación de acciones represivas contra los periodistas independientes”.

Al parecer los directivos del SIP padecen de olvido crónico, pues desconocen quiénes son los verdaderos “periodistas independientes” que laboran desde entonces en Cuba, cuáles son sus objetivos reales y de dónde reciben el financiamiento para sus acciones mercenarias, de los bolsillos de una mafia radicada en la misma ciudad que los grandes empresarios del SIP: Miami.

Lo que se esconde tras la fachada…

Entre la aparente neutralidad y los subterfugios de defender por encima de todo, la “libertad de expresión”, los hechos demuestran que la SIP en el caso de Honduras se orientaba una vez más, por los caminos impuestos por las oligarquías más reaccionarias del continente.

La televisora Tele Sur en su comunicado del 15 de julio de 2009, alertó que tras las palabras de estos “dueños de empresas de comunicación, se generan peligrosos precedentes que, bajo cualquier pretexto de manipulación o posición ideológica, parecieran exculpar los crímenes que se ha cometido contra el pueblo de Honduras y en específico contra el derecho a la información”.

La definición de la SIP sobre la situación en Honduras – como crisis política -, la manera en que se nombró al presidente legítimo de ese país, Manuel Zelaya y se referían a él como “depuesto” o “destituido”, a la vez que “pedían” o “exhortaban” al gobierno de facto para que asumiera otro papel respecto a los medios de comunicación y sus representantes, así como los ataques verbales contra los mandatarios del ALBA, son claras evidencias de su posición ambigua, aparentemente neutral y en la práctica, dominada por ambiciones personales, de poder imperial y un gran temor a que se imponga la verdad.

Tras la fechada de esa libertad que reclaman, el Sistema Interamericano de Prensa (SIP), en realidad ha desatado durante todo este tiempo lo que Tele Sur  describió como “ese concierto de la artillería ideológica contra aquellos gobiernos con los que posean diferencias, dejando de la defensa la defensa auténtica del derecho a la información veraz, oportuna y libre”.

Desde una posición deshonesta y comprometedora, la SIP resultó ser en Honduras - más que una organización defensora de los principios rectores que difunde- seguidora de Michelletti y sus secuaces. Sus miembros principales, dueños de importantes monopolios de la comunicación, nunca mostraron rechazo hacia el Golpe de Estado.  ¿Por qué habría de asombrarnos ahora el apoyo, el  reconocimiento y el lugar en que han colocado a Yoani Sánchez?