La Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), nombró a Yoani Sánchez, uno de los proyectos más activos y visibles de
la ciberguerra contra Cuba, como vicepresidenta
regional para atender la isla. Otra ironía, pero nada nos asombra ya de estas
dos construcciones desde el poder.
Yoani es ya famosa
por sus fraudes y premios internacionales otorgados para darle aún más renombre,
pero también por la denuncia que muchos
hacen dentro y fuera de la isla, de sus actividades, sus verdaderas
pretensiones, su forma de actuar, objetivos y quiénes la respaldan. Y de la SIP
todos los días vamos conociendo un poquito más, aunque sus antecedentes tampoco
nos resultan lejanos en el tiempo y la memoria. Veamos apenas uno de ellos: su
posición ante el Golpe de Estado en Honduras hace ya algunos años.
En Julio de 2009 la televisora multiestatal Tele Sur denunció
que la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) al parecer “se pliega a
los factores golpistas” en Honduras, pues evadía una posición contundente
de censura a la violación de la libertad de prensa por parte del gobierno de
facto impuesto en el país centroamericano.
“Más aún, se banaliza con profunda
gravedad el riesgo a la vida que han corrido nuestros equipos de reporteros y
técnicos en esta República centroamericana por la acción y amenaza de las
fuerzas represivas al servicio de un gobierno desconocido por las distintas
instancias y países del mundo”, expuso Tele Sur al referirse a un
comunicado de la SIP
del 14 de julio de ese año.
Lo cierto es que la SIP respecto al Golpe de Estado contra el
presidente Zelaya, parecía bailar en una cuerda floja y no acaba de explicar su
posición. Aparentar estar entonces entre los indios y los cowboys, era una vieja
estrategia que tenía sus antecedentes bien sentados, y la ponían en práctica al
recurrir a conocidas patrañas del pasado.
Entre banalidades y juego sucio.
Las declaraciones oficiales y
comentarios de los dirigentes de la
SIP desde el propio día del Golpe de Estado en Honduras,
rechazaron todo tipo de manifestación represiva contra los periodistas,
reporteros y equipos de trabajo de la prensa de varios países que radicaban en ese
país e intentaban dar cobertura a lo ocurrido, no importa de qué lado
estuvieran.
Asimismo, llamaban en todo momento a
las “nuevas autoridades” a respetar la libertad de expresión y el derecho de
los ciudadanos del país a la información, siempre cuidándose de emitir
criterios sobre la posición de la organización respecto al Golpe de Estado y la
legitimidad del presidente Zelaya, entre otros temas que pudieran ponerla en
tela de juicio.
La SIP publicó varios comunicados en
los que condena los actos de “intimidación” contra periodistas y daban a
conocer algunos de los casos de denuncias llegados hasta su sede. Refiriéndose
a las acciones represivas contra los equipos trabajo de Tele Sur y Venezolana
de Televisión en los días más difíciles de la represión desatada tras el Golpe,
el presidente de la Comisión de Libertad de
Prensa e Información de esta organización, Robert Rivard, dijo que el “nuevo gobierno”
debía dejar a un lado las restricciones a la actividad periodística y las
actitudes intolerantes que derivaron en la salida del país de comunicadores
internacionales”.
Por su parte, Enrique Santos
Calderón, presidente de la SIP,
expresó que “a fin de garantizar a la
población su derecho a recibir plena información, el gobierno debe crear
cualquier limitación a la labor de la prensa, sino que además, debe proteger y
garantizar que todos los medios, sin importar criterios editoriales, puedan
hacerlo en forma libre y segura”.
Lo que al parecer los directivos de la SIP y el señor Enrique Santos
olvidaron desde los primeros momentos es
que existía una gran diferencia entre los términos “nuevo gobierno”, “nuevas
autoridades” y lo que realmente representaba la camarilla Michelettii, esos
mismos que reprimían al pueblo, a los periodistas, cerraban medios de
comunicación, ametrallaban emisoras de radio comunitarias y hacían desaparecer reporteros.
La realidad: el SIP no asumía una
posición radical y sí intentaba parecer neutral. El propio Enrique Santos
manifestó el día 3 de julio que su organismo no solicitaría el cumplimiento de
uno de sus principios – el derecho a la libertad de expresión – a los diarios La Prensa, La Tribuna y El Heraldo, pues
“la SIP no
es un órgano monolítico donde todos los socios tengan que tener los mismos
criterios políticos”.
Si tenemos en cuenta que estos
medios de prensa hondureños apoyaron a los golpistas en gran parte de sus
acciones y dieron cobertura alguna a las manifestaciones populares a favor de
Zelaya, la SIP
demostró una vez más no querer asumir una posición frente al Golpe. Santos lo
justifica afirmando que la libertad de prensa que su organización defiende
parte de la pluralidad y la diversidad. “Tengo
entendido que La Prensa, La Tribuna y El Heraldo
posiblemente han sido partidarios del cambio de gobierno y eso por ningún
motivo significa que la SIP
los vaya a censurar, a decirles qué opinar”, refiere.
Y como para no perder protagonismo
ni alejarse de las campañas mediáticas del golpismo, también la SIP retomó algunos de sus
viejos trucos y se prestó al juego mediático contra Zelaya, Ortega, Correa, Evo
y otros dirigentes latinoamericanos - especialmente los impulsores del ALBA -,
tal como lo ha hecho hasta hoy contra Chávez y contra Cuba.
No es para nada casual que en el año
2002 la SIP
tampoco condenara el Golpe de Estado contra Venezuela; sin embargo, en el caso
de Honduras se sumó al ataque mediático y frontal liderado por el gobierno de
facto, para satanizar a los presidentes de Venezuela y Nicaragua. Por eso
Robert Rivard, presidente de la
Comisión de Libertad de Prensa e Información del SIP, lamentó
“el tono desafiante” en que los
presidentes de esos países en unión a directivos de Tele Sur reclamaron a la SIP condenar los hechos que se
estaban produciendo en el país centroamericano.
“La
intolerancia hacia los medios y periodistas que hemos visto en los últimos días
en Honduras ha existido por mucho tiempo bajo las administraciones de Chávez y
Ortega en sus propios países. Si ellos quisieran defender la libertad de
expresión pueden empezar por hacerlo en sus casas”, reclamó Rivard.
Las autoridades del SIP dijeron también
que desde hace años se denunciaban las agresiones contra periodistas promovidas
por el gobierno de Zelaya, especialmente en “la discriminación de la pauta publicitaria, la descalificación
permanente en contra de reporteros y medios de parte de las más altas
autoridades, la utilización de medios públicos como órganos de propaganda y la
limitación y manipulación de la información oficial”.
Asimismo, reiteraron a viva voz su
condena al
gobierno cubano por haber “anulado la
libertad de prensa, el derecho a la libre expresión de las ideas y el acceso de
sus ciudadanos a la información ajena al monopolio del Estado”, a la vez
que reclaman “la liberación incondicional
de los periodistas encarcelados y el reconocimiento gubernamental al ejercicio
independiente de la profesión”, así como “la cancelación de acciones represivas contra los periodistas
independientes”.
Al parecer los
directivos del SIP padecen de olvido crónico, pues desconocen quiénes son los
verdaderos “periodistas independientes”
que laboran desde entonces en Cuba, cuáles son sus objetivos reales y de dónde
reciben el financiamiento para sus acciones mercenarias, de los bolsillos de
una mafia radicada en la misma ciudad que los grandes empresarios del SIP:
Miami.
Lo que se esconde tras la fachada…
Entre la aparente neutralidad y los
subterfugios de defender por encima de todo, la “libertad de expresión”, los hechos demuestran que la SIP en el caso de Honduras se
orientaba una vez más, por los caminos impuestos por las oligarquías más
reaccionarias del continente.
La televisora Tele Sur en su
comunicado del 15 de julio de 2009, alertó que tras las palabras de estos “dueños de empresas de comunicación, se
generan peligrosos precedentes que, bajo cualquier pretexto de manipulación o
posición ideológica, parecieran exculpar los crímenes que se ha cometido contra
el pueblo de Honduras y en específico contra el derecho a la información”.
La definición de la SIP sobre la situación en
Honduras – como crisis política -, la manera en que se nombró al presidente
legítimo de ese país, Manuel Zelaya y se referían a él como “depuesto” o
“destituido”, a la vez que “pedían” o “exhortaban” al gobierno de facto para
que asumiera otro papel respecto a los medios de comunicación y sus
representantes, así como los ataques verbales contra los mandatarios del ALBA, son
claras evidencias de su posición ambigua, aparentemente neutral y en la
práctica, dominada por ambiciones personales, de poder imperial y un gran temor
a que se imponga la verdad.
Tras la fechada de esa libertad que
reclaman, el Sistema Interamericano de Prensa (SIP), en realidad ha desatado
durante todo este tiempo lo que Tele Sur describió como “ese concierto de la artillería ideológica contra aquellos gobiernos con
los que posean diferencias, dejando de la defensa la defensa auténtica del
derecho a la información veraz, oportuna y libre”.
Desde una posición deshonesta y comprometedora, la SIP resultó ser en Honduras - más que una organización defensora de los principios
rectores que difunde- seguidora de
Michelletti y sus secuaces. Sus miembros principales, dueños de importantes monopolios de la comunicación, nunca mostraron rechazo hacia el Golpe de Estado. ¿Por qué habría de asombrarnos ahora el apoyo, el reconocimiento y el lugar en que han colocado a
Yoani Sánchez?